AUSTERIDAD

Quienes dicen que la economía es el motor del país, obvian decir además que el verdadero motor que mueve la economía, son las órdenes emanadas por los gobiernos. Si extrapoláramos para ello una propiedad matemática o simplemente acudiéramos al campo de los silogismos, concluiríamos en que los gobiernos son los que rigen la economía y el país.

Eso sería así si la economía y la política fueran ciencias exactas, pero por desgracia –por suerte para algunos-, no es así. No obstante, los gobiernos se creen -y mucho- esta premisa y decretan en base a ella. Pero la economía no lee ni el BOE ni le afectan los decretos emanados desde el poder. Se mueve en otra dimensión. Su abecedario, su pan nuestro de cada día, lo componen cifras y no letras.

Somos la clase trabajadora, la que apenas entendemos de dispongo, exponemos y hacemos saber, quienes sí nos afecta lo escrito en el BOE, en las nóminas, en los contratos bancarios, en los recibos de la luz, y hasta en el papel higiénico si llegara el caso de portar alguna información gubernamental.
Hace tres años de ello, un real decreto tras otro, liquidaron muchos derechos, muchos haberes y se dejó patente de que la crisis la asumíamos la clase trabajadora en beneficio de las grandes fortunas y de los bancos. Quedaron fuera de estos decretos -tan reales como discriminatorios- las minucias y los privilegios que afectaban a los salvadores de patrias y a sus más próximos elegidos.

Ahora, tres años después, en la antesala de la reválida de noviembre, cuando por activa y pasiva nos recuerdan que la gráfica se eleva y que ya no para, que la luz sube y no baja, cuando nuevas caras públicas dan ejemplo de austeridad –al menos en la propaganda servida-, este mismo BOE anuncia unas recomendaciones en verso austero, para este personal de alto standing.

Recurrir a la publicación en la Gaceta de la orden ministerial que invita a ser austeros puede ser lo correcto, aunque a uno le saltan preguntas por doquier. ¿Era necesario esperar tres años a publicar tal recomendación? ¿Por qué no lo hicieron al unísono con el resto de recortes? ¿Significa ello que durante tres años, las altas esferas y su sequito no fueron capaces de viajar en una austeridad aparente?

Todo ello contrasta con lo que he percibido en mis desplazamientos de los últimos años a Palma, en los que en casi todos he coincidido en el autobús con parlamentarios menorquines quienes también usaban la línea 1.

Será cuestión de educación, sin duda. O de genes políticos.

PUBLICADO EL 27 AGOSTO 2015, EN E DIARIO MENORCA.

IRRETROACTIVIDAD INSOLIDARIA

Estaremos de acuerdo con el derecho fundamental a la irretroactividad de la ley, en cuanto ésta se refiere a que, una nueva ley no puede agravar las consecuencias de un acto acontecido con anterioridad a la promulgación de la misma.  El principio de seguridad jurídica nos lo exige, y el sentido común nos lo impone.
Ahora bien, lo curioso del caso es que, en el tema penal, esta irretroactividad va más allá.  No tan sólo promulga este principio fundamental de los derechos humanos, sino que, como siempre suele suceder, favorece al pecador de la cosa penal –ya juzgado y condenado- si la nueva norma le es más favorable.
En otros campos de la sociedad no suele ocurrir lo mismo, sino más bien todo lo contrario.  Parece como si todos los poderes públicos –y las fuerzas del Universo- se confabularan para favorecer al delincuente y penalizar al resto de la población.  Vamos, lo del dicho aquel de que “vinieron los sarracenos y nos molieron a palos, que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos”. 
Las cuestiones tributarias son claro ejemplo de ello.  Una cuota insatisfecha no se beneficiará de esta irretroactividad sino que estará a lo dispuesto en lo vigente a día del devengo del acto.  En cambio, una multa penal insatisfecha  tal vez sí que lo será, y en detrimento de quien ya la haya abonado.  Paradojas de la vida. 
El mensaje de sus señorías salvadores de patrias es claro.  Nos alientan con demorar los procesos, porque tal vez, algún beneficio obtendremos. Aunque para ello, se necesite dinero, mucho dinero.  Y ahora, con las tasas judiciales, más.
Pero las leyes están hechas no sólo para los delincuentes.  También dicen que las hacen para las familias.  Y en tiempo electoral, más.  Pero los desaguisados, no mejoran.  Más bien, se ensalzan.
Hacía ya tiempo que se hablaba de  que sus señorías estaban trabajando para que las familias numerosas no perdieran dicha calificación hasta que el menor de los hijos alcanzara la edad límite para dicho título.  Todo ello con el sentido común de que no hubiera discriminación entre hijos.  Aparentemente todo muy bien.  Discursos y parabienes, calificativos floreados y justos, apretones de manos, y foto de familia –nunca mejor dicho-.
Pero la irretroactividad aquí, tampoco funciona.  La ley finalmente aprobada dice que serán agraciadas las familias que en este año de gracia y elecciones, hubieran perdido la titularidad.  Las que la perdieron el año anterior, agua y ajo, simplemente.

Pues lo dicho, a aguantarse y  a jo…

PUBLICADO EL 20 AGOSTO 2015, EN EL DIARIO MENORCA.

VIRGINIDAD PERDIDA

Desde que la EGB se transformó en ESO,  la virginidad empezó su declive. Se perdió todo rastro de aquella sociedad que había vivido casi inalterable, generación tras generación.  Es más, los orígenes de su pérdida no dudaría en remontarlo –al menos a lo que Menorca respecta- mucho antes, a la misma llegada del turismo. 
Al tradicional término anar a vega se le adelantó el reloj generacional y se transformó  en la acampada playera, lejos de vistas paternas y de entornos habitados, hasta llegar al típico botellón de fin de semana.  La cultura hippie, hizo lo suyo con el descubrimiento de nuevos hábitats y el consiguiente avistamiento de nuevas fórmulas con las que relacionarse con la naturaleza.  La invasión de una nueva bona gent catalana, los pensionistas británicos, el turismo de masas y el negocio náutico, otro que tal.
Todo ello pero, no hubiera sido suficiente sin la necesaria provocación que todos, en mayor o en menor medida, hemos provocado.  La liberación de barreras en el Camí de Cavalls además de ser un acierto, también ha sido una llamada a la pérdida de la virginidad.  O al menos, de algunos conceptos de ella.
Reconstruir esta virginidad ya no será posible.  Sería como limitar el aforo a Es Pla en plena noche santjoanera.  De momento, la acción  ha sido limitar los medios y no la presencia humana.  Otros medios más ecológicos intentarán adaptarse a la nueva situación.  Y se necesitará otra acción más contundente. 
Porque en realidad al menorquín de arraigo, lo que le preocupa no son los coches, sino la invasión humana de aquellas playas limpias y despobladas hasta hace poco.  Y aquí son varios los términos que chocan entre sí.  Desde siempre se ha vendido publicitariamente una Menorca con playas vírgenes. ¿Para qué vendemos las playas vírgenes si no dejamos que accedan a ellas? 
Y no creo sea  el acceso lo que nos preocupe en el subconsciente, sino la ocupación del espacio playero. La invasión.  Y no ya de chiringuitos ni de negocios playeros -que al menos en esto aún no está explotado-, sino de turistas.
Y necesitar el turismo y a la vez aborrecerlo, no cuaja.  O al menos, parecen términos antagónicos. Alguien tendrá que cambiar de chip. O de modelo económico. Tampoco sería beneficioso apostar por un turismo de calidad, porque ello repercutirá sin duda alguna en nuestros bolsillos.  O al menos, en aumentar nuestra dependencia a las compras online. O a la tarifa plana.

Deberemos empezar por aclarar términos. ¿Virgen y recatada o sólo una de ellas?

PUBLICADO  EL 13 AGOSTO 2015, EN EL DIARIO MENORCA.

FALLO JUDICIAL

Uno siempre había creído que en España era más fácil que un culpable estuviera en la calle que un inocente entrara en la cárcel.  Para ello, argumentaba con la consabida presunción de inocencia y la necesidad probatoria de la acusación.
Experiencias propias de encontronazos con la justicia, justificaban hasta hace poco, esta creencia. Desde la de un acusado que admitió los hechos ante el tribunal y fue absuelto por falta de pruebas con el simple argumento judicial  de que uno no puede declararse culpable, a la decisión de un juez de no permitir en el acto del juicio oral la prueba testifical de una menor que había sido citada a juicio por el mismo juez.
Y no digamos, si a ello añadimos los acuerdos previos y legales, entre acusación y defensa para evitar los juicios. 
La sensación era que por muy mal que le fuera al culpable, nunca se le impondría mayor castigo que el que le correspondiera.  En cambio, por muy bien que le fuera al inocente, nunca se le reconocería mayor beneficio que el que le correspondía.  Y ya no digamos, si el porcentaje del fallo no era al cien por cien.
Pero a veces la interpretación de la ley, de las pruebas, de la presunción de inocencia o de culpabilidad,  puede no usar el mismo rasero según sea el tipo jurídico enjuiciado.  A algunos les puede llegar a dar la sensación que no es lo mismo probar la culpabilidad de un acto contra la propiedad ajena que probar la inocencia ante un delito contra la libertad sexual, pongamos por caso.
El caso de Joan Cardona podría ser uno de estos fallos –término lingüístico judicial- en que un inocente –presunto inocente, ahora- pudiera entrar en la cárcel.  De alguien quien deberá probar su inocencia.  De alguien quien en otro juicio, en otra interpretación, pudiera haber solicitado la  nulidad de la diligencia de identificación y reconocimiento.
Otro caso podría ser el de Romano Liberto van der Dussen.  El diario El Mundo daba la noticia de este hombre que lleva doce años preso en España, con el fallo –término también lingüístico judicial- de culpable de unas violaciones en las que tanto las pruebas de ADN descartaron su autoría como la probable declaración auto-inculpatoria del propio presunto autor de éstas –y cumpliendo condena actualmente en el Reino Unido por violación y asesinato-  y titular del ADN encontrado.
Llegado a este punto, uno ya no se asombra que presuntamente la RAE acomode en la misma ficha de su diccionario el término fallo. Sea este un error o un dictado judicial.

Suerte a ambos.

PUBLICADO EL 6 AGOSTO 2015, EN EL DIARIO MENORCA.