Estamos acostumbrados –tristemente
acostumbrados- a que la administración haga y deshaga a su gusto. Seguramente no serán todas ni mucho menos,
pero la mayoría de las que lo hacen tienen un punto en común que es un informe
favorable a sus pretensiones. Lo otro ya
sería una prevaricación en toda regla.
Desde hace demasiados años, la
administración pública ha ido diseñando una serie de puestos de asesores como
cargos de confianza que en muchos casos intentan suplir la figura de aquellos
cargos de habilitación nacional garantes de la independencia administrativa. La
eliminación en muchos casos de las plazas de funcionariado de carrera por los
de empleo y personal laboral, ha propiciado la entrada en ella más de profesionales afines que otros con fines profesionales.
Informes a medida y leyes ambiguas o
en las que la redacción dejan mucho que
desear son los ingredientes propicios para este caldo de cultivo que suele
provocar tanto una inseguridad jurídica como una millonaria indemnización a
cargo de la propia administración –léase vía impuestos-.
El Consell solicita unos informes en
relación al proyecto del trazado de unas rotondas a doble nivel y el resultado
de los mismos satisface a unos e insatisface a otros. No contentos con ello, la parte insatisfecha
alega que el cocinado de los mismos está realizado por los mismos cocineros que
hicieron el emplatado original. Quieren
otros cocineros que inviertan el sabor salado en dulce, y los dulces en
salados. Otros, simplemente no tienen
hambre.
Nos ocurre lo mismo con la
interpretación jurídica de todo el entramado que pasa por los juzgados. Un juez –y así lo estipula la ley- puede
interpretar unos hechos, mientras que otro, todo lo contrario. Vamos que según qué juez te toque en suerte
ganas, y con según cual, puedes incluso perder.
Y no digamos cuando en las altas
esferas algunos de estos jueces –los llamados mediáticos- presuntamente tienen
apoyos más de un lado que del otro en el espectro político.
Y no digamos ya, cuando el líder
populista de la extrema izquierda, público defensor de la dictadura
bolivariana, ahora resulta que cambia de
informe –algunos le acusan de hacérselos a Chávez- y dice todo lo contrario.
Vamos que Chávez y Maduro son unos asesinos anti-demócratas y que tampoco podrán
ser enterrados en el Valle de los Caídos.
Lo dicho, necesitamos hacedores de
informes a medida de quienes lo pagan. Que de los otros, ya existen, suelen
estar en plantilla y cobran, por supuesto, menos que al dictado.
PUBLICADO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2018, EN EL DIARIO MENORCA.
