La
semana pasada en las páginas del Menorca, CCOO denunciaba el aumento de altas
indebidas por la inspección del INSS. En
la noticia se hacía mención también a que había que abandonar la idea de que la
gente que tiene una patología es un defraudador y un vago. Todos estaremos de acuerdo en que no se
pueden limitar bajas con unos parámetros uniformes ni tan sólo a unos
determinados tiempos.
La
inspección médica seguramente carecerá de suficientes medios humanos y
procedimentales que le permitan tomar unas resoluciones más justas para cada
caso concreto. Valorar un alta o baja
laboral sin poder desgranar si lo expuesto corresponde o no a la realidad, es lidiar con la verdad o la
mentira.
Todos
conocemos personajes que ganarían un Nobel con solo publicar los “cuentos” que
acumulan sus expedientes laborales. Y
también aquí, pagan justos por pecadores.
Es más, la reiteración de las
bajas de estos candidatos al Nobel de Literatura a lo largo de su vida laboral,
causa más trastorno a la empresa que la de otro empleado con una baja de larga
duración. Incluso conoceremos casos de
bajas programadas, preavisadas o incluso con estudio previo de síntomas. Y de estos, la Inspección no dice nada.
Y no
dice nada porque seguramente no les llega.
Los tiempos son los que marcan una inspección y no otra cosa. Además, donde falla el control es en el
filtro primario. Una baja mal dada
es -además de un fraude por parte del
trabajador- una mala praxis –como mínimo- por parte del médico que la firma. Y, como no, una falta de interés por parte de
la administración que debe regularla.
Y la
administración hace aguas por doquier.
Todo lo que represente y conlleve implícitos los términos de control, autoridad, deberes y demás
obligaciones inherente a los derechos, le apesta. Y teme,
como no, a la reacción de la sociedad.
A la de los propios representantes tanto de los trabajadores como de los
ciudadanos.
¿Se
imaginan que alguien investigara a quienes se encuentren en una mal llamada
incapacidad laboral transitoria? ¿Se imaginan que les siguieran su rastro, sus
deportes, sus comidas, sus viajes, sus salidas de juerga? Pues no se lo
imaginen porque todo esto es ciencia ficción.
Alguien podría dictaminar que todo ello entraría dentro de la esfera de
la protección al honor, de la intimidad personal, de algún derecho
constitucional.
Tal
vez, participando en el control de las ILT, los sindicatos ayudarían a desenmascarar a estos defraudadores, en
beneficio del resto.
PUBLICADO EL 4 DE MAYO DE 2017 EN EL DIARIO MENORCA
