Salta
la noticia y no te deja indiferente. Te
enteras de que el Greco, en su estudio
sobre las medidas tomadas en la lucha contra la corrupción en España, concluye
que la situación mejora, pero que no es suficiente. Por un momento tu ignorancia te traslada a la
posibilidad de alguna publicación novelada al respecto, pero no. Indagas y te encuentras con un GRECO en
mayúsculas y que nada tiene que ver con aquel Doménikos Theotokópoulos.
El
Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), dependiente del Consejo de
Europa es quien nos suspende. Mejor
dicho, suspende a nuestros representantes y gobernantes. Representantes porque son quienes en el
Congreso de los Diputados y potencialmente de Diputadas (quedaría mejor Cámara
de los Representantes) donde el Gobierno está en minoría, nadie hace nada al
respecto. Bueno si, se han creado
comisiones, que eso ya es mucho. Mucho
dinero, me refiero, claro.
Ahora
le ha tocado el turno a la independencia judicial y como no, a la transparencia
de estos mismos representantes. Vamos,
que cuando hay que rebajar sueldos, abaratar el despido, aumentar impuestos,
todos a una, como Fuenteovejuna. Pero
cuando se trata de limitar los “derechos adquiridos” de las señorías o de sus
partidos, pues eso, también aplican el “todos a una, como Fuenteovejuna”, pero
en su beneficio.
Dicen
los europeos que España avanza, pero no adecuadamente.., que necesita mejorar,
vamos. Que la cúpula de los jueces no
debería ser elegida por los políticos si se quiere alejar toda duda sobre su
independencia. Y que nuestros representantes, tendrían que aclarar muchas más
cosas sobre sus intereses y negocios, las puertas giratorias, regalos, viajes y
demás. Y como no, la autonomía del
ministerio fiscal.
Vamos,
que la mayoría del arco parlamentario no está por la labor. Y ya no digamos si recurrimos a una noticia
del mes de septiembre en la que se informaba que el Grupo Popular Europeo había
presentado enmiendas a la regulación europea contra la corrupción. Concretamente en el punto de la resolución en
que se imponía la pérdida del derecho
–durante un tiempo determinado- a
presentarse como candidatos en unas elecciones a las personas condenadas por corrupción en sentencia firme. Es de suponer que en las enmiendas
presentadas no debieron solicitar la pérdida de dicho derecho per saecula saeculorum. O tal vez sí,
quien sabe.
De
momento, la preocupación por la
corrupción ha bajado, aunque ésta no
haya mejorado. Otros temas han empeorado más.
