Nuestros gerentes son la pera. Digo gerentes –y no políticos- porque es lo que ellos pretenden ser. Entienden al Estado –y a sus demás formas administrativas- como una empresa particular en la que ellos son sus máximos administradores.
Sus debilidades pasan a ser
nuestras carencias, y sus fallos se convierten en nuestras penalidades. Confunden términos y terminan confundiéndonos
a todos. En vez de poner los mecanismos
para hacer una administración ágil, atajan agilizando los trámites
administrativos. Y se quedan tan
panchos, como si pudieran sumar huevos
con caracoles. Y es que en eso de
inventar términos, matrícula de honor.
Cambiaron el arresto domiciliario
por el confinamiento, el toque de queda por la limitación horaria de movilidad, la separación por el cese
temporal de convivencia; ahora solo
faltará que nos digan que algunas niñeras son cargos de confianza a cargo del
presupuesto de Igualdad.
Y para agilizar este entramado
que es la administración, en vez de poner las pilas a los funcionaros y cubrir las plazas vacantes en las plantillas –en vez
de contratar tanto asesor inútil-, el
gerente de turno inventó la mal llamada “declaración responsable” al más puro
estilo de la antigua “declaración jurada” de tiempos pretéritos.
¿Pero cómo exigir una declaración
responsable si el sujeto es un irresponsable?
Jurídicamente lo justificarán con que la omisión a la verdad –no
mencionarán el término “mentir”- será
una falsificación de documento público y penada por la ley. Y allí es donde entrará en juego la
interpretación de la omisión, si es que se llega a descubrirse y los fiscales
llegan a hacer su trabajo. Y uno se
pregunta, si inventan la mal llamada “declaración responsable” para agilizar
trámites ¿creen ustedes que van a destinarse funcionarios y tiempo en comprobar
que éstas se ajusten a la verdad?
Ya lo dice el refrán “hecha
la ley, hecha la trampa”. Nos la
encontramos en la declaración responsable de guardar cuarentena como suficiente
garantía de que el virus no entre.
También lo encontrábamos en la forma de cobrar las dietas por asistencia
a comisiones en el Parlament. Etc.
¿Llegará el momento en que en vez
de los antecedentes penales, se pedirá una declaración responsable de carecer
de ellos? ¿Será necesario el certificado de penales para ser
político? Aunque no lo creo, porque algunos
mienten hasta en el currículum, copian en los exámenes y hurtan en los
supermercados…
Con exigirles un poquito de
ética, ya debería ser suficiente.
PUBLICADO EL 11 DE FEBRERO DE 2021, EN EL DIARIO MENORCA.