De
cada vez estoy más convencido del tópico de que la ley está para incumplirla. Y no sólo por parte del ciudadano, sino por parte de la Administración.
La
pandemia nos lo ha demostrado a marchas forzadas. Si antes ya era exagerada la falta de
sometimiento a las leyes por parte de los poderes públicos, la pandemia nos ha
enseñado que los mecanismos de control son frágiles.
Nos
hartamos de oír términos como “Estado de derecho” o “seguridad jurídica”, pero
ni lo uno ni lo otro. España, dice la
Constitución –esa misma que la mayoría
de políticos del PSOE y sus socios, quien cambiar-: “se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho”. Pero
solo eso: “social y democrático”, pero NO en un Estado de Derecho. No todos somos iguales ante la ley. Y cada
vez nos lo están demostrando con más claridad.
Por
decreto y por la cara, saltándose la legalidad vigente y sus atribuciones, nos
encarcelaron por la noche.
Suerte que la Fiscalía recurrió la
decisión del Govern y el Tribunal Supremo nos devolvió la libertad.
Digo suerte porque esta vez la Fiscalía obró con criterio propio y no
bajo las órdenes del Gobierno. Digo
suerte porque el Tribunal Supremo actuó con criterio favorable a los derechos
constitucionales. Digo suerte porque el
Tribunal Supremo tampoco cedió a los intereses del Gobierno y que los derechos constitucionales se deben
ganar día a día en los tribunales. Y ya
se sabe que no todos los jueces interpretan
igual. Y que recurrir no todos podemos.
Y además sale caro. Muy caro.
“Hecha
la ley, hecha la trampa” dice el refranero popular. Ciertamente eso viene de antaño. Vamos, que está en los genes de los españoles
y asimilados. Lo curioso del caso es que todos se aprovechan de ello. Y nadie lo cambia.
Cuando
las administraciones públicas se nutrían de aquellos personajes llamados
“secretarios” y demás “funcionarios” que velaban por el cumplimiento de la
legalidad, so pena de la pérdida del empleo y penas accesorias, pocas eran las
veces que se incurría en interpretaciones ambiguas sobre la ejecución de las
leyes.
Ahora,
da la sensación que algunos de estos nuevos seudo-empleos de técnicos y
asesores –jurídicos o no- más que velar
para que se cumpla la legalidad vigente, están para aconsejar la ambigüedad de la interpretación y así bordear la ley, sino no se entendería tantos
varapalos jurídicos a las decisiones políticas. O eso,
o que la ley está poco o nada clara.
Vamos, un arte, al fin y al cabo.
Y
al ciudadano, que le j….
PUBLICADO EL 10 DE JUNIO DE 2021, EN EL DIARIO MENORCA.
