Anticonstitucional, sí. Inconstitucional, no. Que quede claro. Que una cosa es que el gobierno social-comunista de Sánchez sea totalmente legítimo, y otra muy distinta es que todos sus actos sean constitucionales. La legitimidad del parlamento no le da patente de corso. Ni mucho menos. Y así se viene demostrando en las últimas fechas.
Está probado que el actual gobierno de España ha actuado en ocasiones vulnerando los derechos constitucionales de sus administrados. Y aún así, en sus declaraciones posteriores a cada varapalo judicial, les faltaría añadir que “se les trae floja”, porque siguen justificando cada acción de la que reciben la rectificación.
No obstante, la reprimenda podría -debería- también ser repartida entre varios actores. A la oposición que -salvo VOX, que fue quien recurrió al TC- en su día apoyaron las decisiones que últimamente vienen demostrándose contrarias a la Constitución. A los asesores -estos cientos, por no llamarles miles de chupatintas y algunos lameculos- que no fueron capaces de vislumbrar un atisbo de ilegalidad. A los juristas -con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la cabeza- que no mueven pieza a no ser que alguien denuncie, vamos que aquello de denunciar de oficio cuando es el Gobierno que actúa, nada de nada. Y como no, al mismísimo TC que tardó lo indecible para valorar la constitucionalidad o no de unas decisiones gubernamentales -de las que éramos muchos quienes lo teníamos claro-.
Y ya que nombramos al TC, da la sensación que cada sentencia la sirven en bandeja de algodón. Como ejemplo, el caso de las plusvalías. Aunque la forma de aplicarla sea ilegal, pues bien, los tontos -la mayoría- que pagamos en su momento, pues a llorar y a secarnos el llanto. No hay vuelta atrás. Lo pasado, pasado está. Bueno, no siempre.
Y no hay día en que las mentiras del Gobierno no tengan un hueco en el anecdotario de algunos medios de comunicación. La última que se ha destapado ha sido que el Ministerio de Justicia mintió deliberadamente a la Audiencia Nacional por el caso de Hugo Carvajal y su extradición. Vamos que, si así se forja el respeto entre las Instituciones del Estado, ¿qué derecho tienen a exigir que no se pite al presidente de los mentirosos?
Llegado a este punto, a uno le cuesta ser respetuosos con el poder instituido. ¿Qué respeto merecen unos señores que golpean a policías; que mienten a los jueces; que retardan -o aceleran- la toma de decisiones para agravar o atenuar las consecuencias?
Ustedes mismos.
PUBLICADO EL 4 DE NOVIEMBRE 2021, EN EL DIARIO MENORCA.
