Desde que el concepto de estado moderno dividiera el poder que ejerce el estado sobre sus súbditos en tres poderes independientes, ha transcurrido un tiempo más que prudencial hasta llegar a nuestros días, que ha provocado que las alarmas se dispararan.
Y las alarmas se disparan cuando los mecanismos que deberían velar por la independencia de tales poderes fallan. Así, en su día, Edmund Burke ya habló de un cuarto poder del estado al referirse al poder de la prensa, que por los avances tecnológicos se amplió la denominación a todos los medios de comunicación. Así, no nos sorprenderá que muchas de las tramas que se van destapando en muchos estados sea gracias a la intervención de estos mismos medios de comunicación.
Y mientras vamos avanzando tecnológicamente hablando, las mentes de nuestros mandatarios también van abriendo horizontes en cuanto a fórmulas para bordear estos controles, disminuir los efectos e incluso intoxicar a la opinión pública para asumir la cada vez más probable tendencia hacia la unificación de poderes.
Lo hemos estado viendo durante toda la última legislatura cuando tanto PP como el PSOE se han acusado mutuamente y además lo han ido demostrando en cada intento de renovación de todo lo concerniente al Poder Judicial.
Este Poder Judicial que se entiende y se define como el tercer poder del Estado, con todas las bendiciones habidas y por haber, y del que muchos sólo identificaban con la tarea de impartir justicia e interpretar las leyes, ha pasado también por definición, también por necesidad societal, a ejercer un control ya no sobre la legalidad de los actos legislativos y ejecutivos, sino a ejercer este control sobre todo el entramado que envuelve ya no a lo legislado sino sobre los actores de ello. Así, aquella sensación de impunidad con la que durante bastantes –demasiados-años han vivido los gobiernos de turno, ha encontrado en este mismo tercer poder, un freno y un control a sus acciones.
Pero este control, este freno, esta alarma que se ha ido disparando cada dos por tres, o menos aún, cada dos por dos, ha puesto a nuestras mentes pensantes, a buscar soluciones. Y las han encontrado. Controlar el poder judicial para el gobierno de turno, significa gratificar con una manga ancha al poder ejecutivo, poder éste, que se perfila como único en el mantenimiento de su poder absoluto frente a los otros dos.
Y este control sobre la independencia de un poder sobre otro, aparece cuando se van asumiendo diferencias ya no en cuanto a interpretaciones puntuales de temas jurídicos entre sus miembros, sino hacia afinidades políticas. Si bien es cierto que difícilmente encontraremos a ningún miembro de este tercer poder que se declare afín a tendencia política alguna, también es cierto que se agrupa a estos miembros a diversas tendencias, bien por su pertenencia a asociaciones profesionales determinadas o por el apoyo que los políticos ejercen sobre los nombres propuestos para las designaciones.
Y el problema en sí, no termina con este intento de controlar al poder judicial desde su designación, no. El sistema judicial mismo, también provoca que en cierta manera pueda ser controlado desde el poder ejecutivo. El sistema judicial descansa en la fórmula de ser un sistema acusatorio y en la mayoría de las acciones judiciales que se emprenden, el ministerio público representado por la fiscalía es quien ejerce esta función judicial. El control en la designación del máximo exponente de este ministerio público por parte del poder ejecutivo también hace disparar las alarmas en cuanto aparece noticia pública de algún hecho que involucra a miembros o decisiones tomadas por personajes de relevancia pública.
El cuarto poder, la prensa, los medios de comunicación, también han sido objeto de deseo por parte del ejecutivo correspondiente. Así no se extraña uno del revuelo que se montó en su momento cuando se repartieron las licencias para la implantación de las televisiones y frecuencias de las emisoras de radio. Pero España, pongamos por caso, es un país que promete. Con sólo estar atento a nuestro invicto presidente, uno ya se da cuenta de ello. Y puestos a recordarnos del refranero, diremos que no hay cuatro sin cinco –siempre queda mejor que “no hay dos sin tres”. Y como la cosa promete, pues, en vez de cuatro poderes, ya tenemos cinco.
Y este cinco ha nacido de la nada. Por reproducción espontánea como se diría. Y a este quinto poder me he tomado la libertad de denominarlo como el ministerio de la propaganda, aunque nada tenga que ver con antiguos regímenes y demás especimenes. Ahora bien, aún está en fase embrionaria, tanto que aún no se sabe si su titular será hombre o mujer….
Pero el espíritu de la letra ya está ahí, firmado y rubricado. ¿Quién no se ha percatado de las campañas informativas que desde el gobierno se lanzan antes de la entrada en vigor de cualquier ley de cierta relevancia? ¿Se acuerdan de aquellos cuatrocientos euros de antes de las elecciones? Y hay más. Inundaron nuestros domicilios con los mensajes que a partir del mes de mayo el conducir sin permiso de conducir sería penado con cárcel. Cuando uno lee el texto, ya no lo ve tan claro. Menos claro lo ve uno cuando a los pocos días de entrar en vigor tal medida, un par de fiscales salen por televisión y manifiestan que ellos, de mandar gente a la cárcel por no tener permiso de conducir, que nada de nada….¿Y entonces? ¿Quién manda? ¿El legislativo que hace la ley, el ejecutivo que la reglamenta , el judicial que la interpreta, quien la da a conocer o simplemente quien vende el producto a la ciudadanía, que al fin y al cabo son los destinatarios de tales medidas?
Y seguro que ZP no se ha dado cuenta de la necesidad de la implantación de un ministerio de tales características. No tan sólo en el tema judicial le sería útil contar con alguien que supiera decir las cosas en tono “políticamente correctas” sino que podría utilizarlo incluso para explicar estas medidas de las que actualmente “sólo él conoce” para solucionar esta crisis, ahora ya más preocupante, que nos depara un incierto futuro.
También serviría para lanzar estos globos sondas, como ahora la subida del veinte por ciento en el recibo de la electricidad. Y es que si somos capaces de controlar la voluntad ajena, habremos ganado la partida. ¿Y quien mejor que el ejecutivo, para ello? ¡Y sin que salten las alarmas!.
Y las alarmas se disparan cuando los mecanismos que deberían velar por la independencia de tales poderes fallan. Así, en su día, Edmund Burke ya habló de un cuarto poder del estado al referirse al poder de la prensa, que por los avances tecnológicos se amplió la denominación a todos los medios de comunicación. Así, no nos sorprenderá que muchas de las tramas que se van destapando en muchos estados sea gracias a la intervención de estos mismos medios de comunicación.
Y mientras vamos avanzando tecnológicamente hablando, las mentes de nuestros mandatarios también van abriendo horizontes en cuanto a fórmulas para bordear estos controles, disminuir los efectos e incluso intoxicar a la opinión pública para asumir la cada vez más probable tendencia hacia la unificación de poderes.
Lo hemos estado viendo durante toda la última legislatura cuando tanto PP como el PSOE se han acusado mutuamente y además lo han ido demostrando en cada intento de renovación de todo lo concerniente al Poder Judicial.
Este Poder Judicial que se entiende y se define como el tercer poder del Estado, con todas las bendiciones habidas y por haber, y del que muchos sólo identificaban con la tarea de impartir justicia e interpretar las leyes, ha pasado también por definición, también por necesidad societal, a ejercer un control ya no sobre la legalidad de los actos legislativos y ejecutivos, sino a ejercer este control sobre todo el entramado que envuelve ya no a lo legislado sino sobre los actores de ello. Así, aquella sensación de impunidad con la que durante bastantes –demasiados-años han vivido los gobiernos de turno, ha encontrado en este mismo tercer poder, un freno y un control a sus acciones.
Pero este control, este freno, esta alarma que se ha ido disparando cada dos por tres, o menos aún, cada dos por dos, ha puesto a nuestras mentes pensantes, a buscar soluciones. Y las han encontrado. Controlar el poder judicial para el gobierno de turno, significa gratificar con una manga ancha al poder ejecutivo, poder éste, que se perfila como único en el mantenimiento de su poder absoluto frente a los otros dos.
Y este control sobre la independencia de un poder sobre otro, aparece cuando se van asumiendo diferencias ya no en cuanto a interpretaciones puntuales de temas jurídicos entre sus miembros, sino hacia afinidades políticas. Si bien es cierto que difícilmente encontraremos a ningún miembro de este tercer poder que se declare afín a tendencia política alguna, también es cierto que se agrupa a estos miembros a diversas tendencias, bien por su pertenencia a asociaciones profesionales determinadas o por el apoyo que los políticos ejercen sobre los nombres propuestos para las designaciones.
Y el problema en sí, no termina con este intento de controlar al poder judicial desde su designación, no. El sistema judicial mismo, también provoca que en cierta manera pueda ser controlado desde el poder ejecutivo. El sistema judicial descansa en la fórmula de ser un sistema acusatorio y en la mayoría de las acciones judiciales que se emprenden, el ministerio público representado por la fiscalía es quien ejerce esta función judicial. El control en la designación del máximo exponente de este ministerio público por parte del poder ejecutivo también hace disparar las alarmas en cuanto aparece noticia pública de algún hecho que involucra a miembros o decisiones tomadas por personajes de relevancia pública.
El cuarto poder, la prensa, los medios de comunicación, también han sido objeto de deseo por parte del ejecutivo correspondiente. Así no se extraña uno del revuelo que se montó en su momento cuando se repartieron las licencias para la implantación de las televisiones y frecuencias de las emisoras de radio. Pero España, pongamos por caso, es un país que promete. Con sólo estar atento a nuestro invicto presidente, uno ya se da cuenta de ello. Y puestos a recordarnos del refranero, diremos que no hay cuatro sin cinco –siempre queda mejor que “no hay dos sin tres”. Y como la cosa promete, pues, en vez de cuatro poderes, ya tenemos cinco.
Y este cinco ha nacido de la nada. Por reproducción espontánea como se diría. Y a este quinto poder me he tomado la libertad de denominarlo como el ministerio de la propaganda, aunque nada tenga que ver con antiguos regímenes y demás especimenes. Ahora bien, aún está en fase embrionaria, tanto que aún no se sabe si su titular será hombre o mujer….
Pero el espíritu de la letra ya está ahí, firmado y rubricado. ¿Quién no se ha percatado de las campañas informativas que desde el gobierno se lanzan antes de la entrada en vigor de cualquier ley de cierta relevancia? ¿Se acuerdan de aquellos cuatrocientos euros de antes de las elecciones? Y hay más. Inundaron nuestros domicilios con los mensajes que a partir del mes de mayo el conducir sin permiso de conducir sería penado con cárcel. Cuando uno lee el texto, ya no lo ve tan claro. Menos claro lo ve uno cuando a los pocos días de entrar en vigor tal medida, un par de fiscales salen por televisión y manifiestan que ellos, de mandar gente a la cárcel por no tener permiso de conducir, que nada de nada….¿Y entonces? ¿Quién manda? ¿El legislativo que hace la ley, el ejecutivo que la reglamenta , el judicial que la interpreta, quien la da a conocer o simplemente quien vende el producto a la ciudadanía, que al fin y al cabo son los destinatarios de tales medidas?
Y seguro que ZP no se ha dado cuenta de la necesidad de la implantación de un ministerio de tales características. No tan sólo en el tema judicial le sería útil contar con alguien que supiera decir las cosas en tono “políticamente correctas” sino que podría utilizarlo incluso para explicar estas medidas de las que actualmente “sólo él conoce” para solucionar esta crisis, ahora ya más preocupante, que nos depara un incierto futuro.
También serviría para lanzar estos globos sondas, como ahora la subida del veinte por ciento en el recibo de la electricidad. Y es que si somos capaces de controlar la voluntad ajena, habremos ganado la partida. ¿Y quien mejor que el ejecutivo, para ello? ¡Y sin que salten las alarmas!.
PUBLICADO EL 14 MAYO 2008, EN EL DIARIO MENORCA.
