Debo reconocer –y que no
valga de precedente- que estoy de acuerdo con una de las últimas decisiones de
la alcaldesa de Madrid. Dice doña
Carmena de que al cliente de prostitutas hay que llamarle “putero” y no
cliente. Luego, sigue su lista de nuevos términos y suaviza el vocablo de las
susodichas con el término de “mujer en situación de prostitución”.
A eso, y atendiendo al
origen profesional de la primera autoridad, le añadiría el término de siempre
recomendable otorgamiento de “presunto”
o “supuesto”. Pero estos presuntos y
supuestas hace tiempo que están en el
candelero. Hubo incluso un tiempo en que
los términos se suavizaron y se actualizaron de tal manera, que incluso las
profesionales fueron denominadas como “trabajadoras sexuales”. Así, con este término, Hacienda podría cobrar
el IVA y la SS dar de alta a nuevas cotizantes. Eran tiempos en que aparecieron
nuevos términos profesionales, tales como los ingenieros urbanos, ingenieros
energéticos y sobre todo, los asesores políticos. Pero el asunto es más serio.
Mucho más serio.
Se trata, valga la
redundancia, de la trata de personas. De
blancas, como se diría en un principio. En la mayoría de las veces de un
contrabando, de un secuestro, de una esclavitud. ¡Esclavitud en pleno siglo XXI! Y nadie hace
nada, por mucho que doña Carmena cambie el término con que referirnos. Cruzan
fronteras y pese a tanto cacheo aeroportuario y amenaza yihadista, nadie
detecta nada.
Somos capaces de prohibir
las corridas de toros y no tardaremos en castigar a quienes se atrevan aplastar a una cucaracha, y en el caso de
estas señoritas en presunta situación de prostitución, no sabemos si afiliarlas
a la Seguridad Social para que coticen a efectos de pensiones, IVA y el IRPF, o
por el contrario, liberarlas de esta esclavitud.
También es de suponer que, no todas deben estar
esclavizadas. Y que de las que presuntamente
no están esclavizadas, en algunos casos, su sueldo debe superar el salario
mínimo, que presuntamente tampoco se debe declarar. Así puestas las cosas, habrá que liberar a
las primeras, y legalizar a las segundas.
Porque liberar a las segundas me parece una tarea un tanto difícil, a no
ser que doña Carmena –y sus homólogos- dediquen un presupuesto un tanto
abultado para una reubicación profesional y sobre todo, de mutuo acuerdo.
De no producirse este
último paso, la guía en cuestión debería de volver a actualizar sus términos.
¿Volverán a sus nombres primitivos o estos quedarán proscritos para siempre?
PUBLICADO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016, EN EL DIARIO MENORCA.
