O las dos cosas. Lo cierto es que delincuentes hay muchos.
Demasiados. Y no tan sólo del que hurta una chaqueta en el comercio o que
trafica con drogas, no. También los hay
de los llamados de “guante blanco”, de
los que llevan traje y corbata, maletín, chófer y teléfono de última
generación.
Cuando los medios de
comunicación nos dan la buena nueva de
que tal o cual empresario, político o familiar real son investigados, imputados
o procesados, nuestra faz adquiere otra
tonalidad y muy por seguro que nuestro
ritmo cardiaco se agita y brinca como si de un jovenzuelo se tratara. Y es que no es para menos.
Nos hemos hecho a la
idea de que en España todo es posible. Y
que ya nada volverá a ser como antes. Por
eso cuando un juez decide mandar entre rejas a algunos de estos intocables –y
no por ser pordioseros precisamente- la ilusión aparece en nuestros
rostros. Pero jueces hay pocos e
intocables muchos.
Y la independencia
judicial no es que esté en juego, sino
que se juega con la solvencia del mismo.
Y de cada vez, más. La siempre
excusa del coste y ahora de la crisis, hace que la existencia misma del tercer poder de Montesquieu dependa de
los otros dos poderes. Los presupuestos
emanados del Ejecutivo y aprobados por el Legislativo pueden condicionar y
mucho las decisiones y controles que deban ejercer desde los tribunales. Las leyes emanadas del Legislativo van a
favorecer o perjudicar también a los delincuentes. Y cualquier decisión que favorezca a los
delincuentes, perjudica al resto de ciudadanos.
Prueba de ello la
tenemos en las sentencias dictadas tras
acuerdo entre el representante del ministerio fiscal y la defensa. La escasez en los recursos de los juzgados
obligó en su día a protocolizar resoluciones rápidas por acuerdo entre las
partes. Y es esta carrera contrarreloj
la que hace posible que una condena que en un principio –y con el Código Penal
en la mano- representaba seis años de reclusión en una cárcel, se conviertan en una moratoria condicionada
de sólo dos años.
Y los otros poderes
hacen posible que los ciudadanos honrados, paguemos también la defensa de los delincuentes. Que una cosa es tener derecho a la defensa y
otra muy distinta es que la víctima de un delito tenga que pagar con sus
impuestos la defensa de oficio de su agresor.
Y sus tasas judiciales.
Ante un juez, el
delincuente siempre jugará con ventaja.
La víctima, como mucho, logrará que la verdad aflore y una compensación
estimada a su pérdida. Al delincuente,
por muy mal que le vaya, sólo se le impondría
el máximo permitido y no más. Y
no siempre. La mayoría de ocasiones, la
falta de pruebas, el trato con la acusación, o la interpretación misma, hará
que salga más beneficiado que perjudicado.
El concepto de
proteccionismo legal español, tampoco es que favorezca demasiado a la reducción
de las estadísticas. Tanto el
procedimiento penal como el procesal mismo
alargan en demasíe los plazos
para enjuiciar y emitir sentencias. En la
dilación en cuanto a los trámites es donde suelen aferrarse los llamados buenos
abogados y sus poderosos clientes. ¿Qué
diferencia hay –además de los honorarios- entre un abogado de renombre y otro del turno de oficio? ¿Por qué los
imputados famosos contratan a abogados de renombre y no del turno de oficio? ¿Acaso la inocencia no
se puede demostrar con un licenciado recién salido de la universidad?. ¿Acaso no es la culpabilidad la que tiene que
demostrarse?
¿Será la plantilla
del Estado quien necesitará más fiscales de categoría a fin de meter entre
rejas a los delincuentes adinerados?
¿Por qué el fiscal depende jerárquicamente de un poder distinto al Poder
Judicial? ¿Qué interés puede tener el
Ejecutivo en marcar las directrices de la acusación pública?
¿Es justo que los
adinerados puedan alargar los procesos judiciales mientras que los asalariados
no podamos presentarnos como acusaciones particulares por falta de recursos?
¿Seríamos más europeos si existiera un Código Penal Europeo? ¿O preferirán hacer
un código para cada comunidad autónoma?
¿Disminuirían las
estadísticas en cuanto al número de delitos si las sentencias fueran más
rápidas y duras? ¿Subiríamos o bajaríamos de posición en la lista de países corruptos si hubiera más delincuentes
famosos entre rejas? ¿No nos avergüenza
ir detrás de Grecia, Portugal e Italia en grado de corrupción? O lo que es lo mismo, que Chile, Uruguay y
Chipre sean más honrados que
nosotros. O que nuestros políticos y
empresarios.
Otra cosa muy
distinta será el porqué de la diversidad de interpretaciones que se dan en los
casos judiciales. De ser justos, de ser
correctas, no habría lugar a segundas lecturas, ni de apelaciones ni recursos
aceptados. Ahora se pretende la
reducción de éstas con la imposición de las tasas. Luego, ya no serían necesarias. Los errores judiciales quedarían para el
recuerdo. Siguen faltando jueces,
fiscales y sobre todo preparación en la interpretación.
Y siguen sobrando
presuntos culpables.
PUBLICADO EL 14 DICIEMBRE 2012, EN EL DIARIO MENORCA.
