El
pasado sábado XL Semanal publicaba un artículo de Eduardo Punset sobre las reformas pendientes
de la “transición benevolente”. Una de
ellas, era alcanzar la auténtica división de poderes de Montesquieu. El razonamiento no dejaba de tener su parte
de lógica, dado que el Poder Judicial –o parte de él- es elegido por otro de
los poderes del Estado, y así, la independencia siempre puede quedar en
entredicho.
Eran
tiempos, según Punset, “de aplazar la
entrada en vigor de la democracia, hasta que se contara con partidos políticos
con la fuerza suficiente para dotarlos de los representantes de los propios
ciudadanos”. Unos treinta y tantos años de experimentos –casi tantos como
la dictadura- y, o bien no hemos conseguido encontrar a estos propios
representantes o bien nos hemos acomodado al experimento.
De
todos modos, la solución no planteada en el escrito, tampoco tendría mejor
singladura. En su día nació una plataforma por la independencia judicial que
abogaba por la erradicación de la actual politización del máximo órgano de
gobierno de la judicatura española. En
ella se planteaba la elección democrática de todos los órganos de gobierno interno
del poder judicial. En pocas palabras,
un “Juan Palomo” entre los jueces. Un
poder que se haría a sí mismo, sin control por parte de los representantes
directos de los ciudadanos, y que además sería el único que podría incidir
sobre los otros dos poderes del Estado.
También
es cierto que las corrientes internas dentro del mismo estamento judicial, las
mismas agrupaciones y las diversas asociaciones que en ella convergen, pueden etiquetar
de antemano la alineación de unos determinados jueces hacia un sector del
espectro político.
La
dependencia del ministerio fiscal al poder ejecutivo y el actual sistema
procesal español, en el que si no hay acusación no hay acción judicial, harán
el resto. Los últimos enfrentamientos
procesales entre el juez instructor y el fiscal en el caso Nóos, no hace más
que acrecentar las dudas sobre la verdadera independencia del tercer poder.
Tampoco
el ejecutivo se salva, por cuanto su propia existencia se la debe a la elección
del parlamento. Pero al final, el legislativo es elegido democráticamente. Y si
hay margen de maniobra o de interpretación judicial, será porque quien ha hecho
la ley, habrá hecho la trampa.
¿Qué
opinarían si los militares eligieran a sus jefes de entre ellos mismos? También se le podría llamar democratizar el
ejército ¿no?
¡Algunos
ya somos mayores para teorías!
PUBLICADO EL 3 DE JULIO 2014, EN EL DIARIO MENORCA.
