El
controvertido paso de Ruiz Gallardón por el Ministerio de Justicia dejó dos
nombres gravados en el pórtico de acceso.
Las tasas judiciales fue el primero de ellos. Y de momento, permanecen
inalterables en aquella fachada y en sus presupuestos. El segundo, abortó su carrera de ministro y
lo mandó al retiro dorado que muchos desearíamos para nosotros mismos.
Las
tasas, estos dineros que tiene que sacar uno del bolsillo para que el engranaje de la administración se ponga en funcionamiento,
tuvo un mal parto. Un parto que dejó al
recién nacido con la duda de cuál había sido el motivo de su
engendramiento. Deseado o fruto de una
noche loca bajo la luna llena de julio, se repartía el dilema de aquella
realidad.
Realidad
que no era otra que la de frenar el abuso que se hacía del proceso recurrente
de las sentencias y como no, del incipiente aumento de demandas
judiciales. De pronto, el ciudadano de a
pie, al que le sobra mucho mes al final
del sueldo, se ve obligado a confiar
cada vez más en la fiscalía, y como no,
de creerse de que en la sentencia
donde su juez predeterminado le puso fallo, no falló.
No
obstante, la realidad nos demuestra que a veces, muchas veces, decisiones mal
tomadas como éstas, no hacen sino crear injusticia si aquel engranaje, aquel
movimiento mecánico, no rueda a la perfección. Y no por necesario, sino por tomar el camino
menos apropiado. La póliza de antaño se
había hecho adulta. Y no por ello, polizón.
Y
el camino podía haber sido otro. Recaudando lo mismo, sí, pero que el peso de
la recaudación recayera sobre el bolsillo del malvado infractor.
Estas
mismas tasas podrían cobrarse en concepto de costas judiciales y abonarlas
quien resultara responsable del acto denunciado en sí. O a medias con el titular que falló con una
interpretación no adecuada a derecho, en caso recurrente.
Cuando un recurso se gana, podemos decir que
se vence una injusticia. Cuando un fallo
judicial se recurre al órgano superior y se falla a favor del recurrente,
vuelve a ganar la justicia. Y no vale
ampararse en la interpretación de un juez.
Ni en la de un fiscal.
Y
para terminar por hoy, dos preguntas envenenadas. ¿Llegará el día en que
cualquier interpretación judicial sea colegiada y unánime? ¿Por qué siempre le
queda a uno el mal sabor de boca, de que
las interpretaciones judiciales favorecen más al delincuente que a la propia víctima?
Y
eso, que normalmente no solemos pleitear contra políticos televisivos ni
banqueros opacos.
Que si no….
PUBLICADO EL 4 DICIEMBRE 2014, EN EL DIARIO MENORCA.
