Que la monarquía española está pasando por un mal momento, nadie lo pone
en duda. Que el resto de los españoles
lo están pasando mucho peor, tampoco se podrá negar. Ante estas premisas, que la monarquía se reduzca su presupuesto en un
siete por ciento, no me parece ni justo ni noticia, sino todo lo contrario.
Y lo contrario es injusto. Pero no
con la monarquía, sino con el resto de los españolitos y asimilados. No entraré en cuestiones de si monarquía o
república. Al menos en este escrito. No
entraré en cuestiones de si el sueldo de rey es mucho o poco. Al menos en este
escrito. En cambio si que opinaré y
criticaré el que se tenga que pagar unos sueldos por “representación” a otros
miembros de la familia real y por supuesto el sueldo al príncipe heredero.
Y me explico. Y lo mejor es
hacerlo con ejemplos. El rey deberá ser
considerado como un alto –el más alto- funcionario del Estado. Partiendo de
esta base, ¿se imaginan que un cirujano que tenga que ir a una conferencia,
reunión de trabajo o cursillo de reciclaje,
le pagaran los pasajes y la estancia de su mujer y de sus hijos? Seguramente
todos estaríamos de acuerdo que aquello no era ni justo ni legal. Y si no que se lo pregunten al anterior
presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Y hay más. ¿Se imaginan que un
profesor de universidad, que por licencia, indisposición o por encontrase de
viaje de placer cazando orangutanes, no pudiera dar clases durante una semana, y que mandara
a su hijo a sustituirlo en sus clases?
Inimaginable, ¿no?. Y más
aún. ¿Se imaginan al presidente de la
república de cualquier país democrático, dejar a su conyugue que codirigiera
los destinos del país? Inaceptable, también.
¿Nos imaginamos que las arcas de un municipio o de una comunidad
autónoma tuvieran que hacerse con los gastos de mantenimiento de un palacete
para que los hijos ya casados y por tanto, emancipados, del alto dirigente
nacional pudieran ir de vacaciones?.
Si somos capaces de calificar de absurdos los supuestos anteriormente
descritos, ¿por qué no somos capaces de dar el mismo calificativo cuando el
sujeto de la oración es la monarquía española?.
Que el jefe del Estado tiene que tener un sueldo nadie podrá
objetarlo. Pero la jefatura del Estado
es unipersonal. Y si por su edad o por
sus condiciones tiene que delegar, deberá delegar en alguien investido de cargo
o empleo. En otro cargo de la administración,
o en otro empleo de la misma. No en su
familia.
Y como no tendría que delegar en su familia, no tendrían porqué recibir
asignación alguna para asistencia a ningún acto protocolario. Es más, de asistir, deberían satisfacer el
pago proporcional de su plaza, asiento, alojamiento y menú.
Y si el rey, por enfermedad, tuviera que permanecer algún tiempo de baja,
como alto funcionario del Estado que es, también tendría que ver sus retribuciones
disminuidas en su parte proporcional
como cualquier otro empleado español. Y
así podríamos empezar a hablar de igualdad.
De igualdad y de justicia. Es ilógico, irracional si cabe, que en el
siglo XXI, superados muchos tabúes, con tantos aires de progreso y tantas
decisiones que se han llegado a tildar de antinatura, nadie, ni los que se
dicen derechas, ni los que presumen de izquierda, hayan tenido la mínima
conciencia, o simplemente decencia, de superar agravios sociales dignos de
siglos pasados.
Tampoco es de extrañar. Si no han
sido capaces de mandar a los tribunales a los causantes de tanto robo
bancario, de tanto expolio de las arcas
públicas y de tanta falta de credibilidad de las administraciones, ¿cómo
preocuparse de un tema del que –de momento- nadie había levantado la liebre?.
Suerte que siempre habrá algún juez
-no todos-, algún fiscal –no todos-, alguna formación política y
sindical –no todos- que entenderá que algunos de estos timadores de guante
blanco, deberán figurar como sujetos en los primeros y últimos renglones de una
sentencia condenatoria.
Mientras, un pensionista y un empleado en activo más, podrán disfrutar de
un sueldo gracias a este sacrificio real –o imaginario- en unos presupuestos.
Otro día, el Consejo de Estado.
PUBLICADO EL 20 JULIO 2012, EN EL DIARIO MENORCA.